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La decisión fue tomada por la jueza María Servini a pedido del Ministerio de Justicia. Se trata de un inmueble usurpado ubicado en Balvanera. En el tercer piso vivía una familia
Pasó en Argentina12 de febrero de 2025El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, ordenó el desalojo inmediato del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, en el barrio porteño de Balvanera, luego de comprobarse que el inmueble, cedido en 2018 por el Ministerio de Justicia, para el funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, estaba siendo ocupado irregularmente por familias y organizaciones sin vinculación con su objetivo original. Allí también funcionó “Radio Rebelde” y oficinas del piquetero Luis D’Elía.
La medida se tomó tras una denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quienes señalaron que el edificio había sido desviado de su función pública y convertido en un espacio de uso privado y político. Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), realizado hace tres meses se detectaron viviendas clandestinas, una bailanta con barra de bebidas alcohólicas, un gallinero en el balcón y un “búnker político” con propaganda del partido MILES, liderado por el dirigente Luis D’Elía.
A través de 11 fojas, la jueza resolvió ordenar el allanamiento “sobre el inmueble sito en la intersección de las Av. Rivadavia 2749/89 y Av. Pueyrredón 19 (ex Hotel Marcone) pisos 2° y 3° de esta Ciudad de Buenos Aires” y a “proceder al desalojo de José Moisés Vázquez, su mujer Alicia Esther Vázquez, y su grupo familiar compuesto por Miriam Sánchez, Alain Marcovich Alvarez, Priscila Marcovich y Ornella Marcovich Alvarez , debiéndose ser inmediatamente restituido al Ministerio de Justicia de la Nación”.
Un inmueble con historia de ocupaciones y acuerdos informales
El edificio fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en enero de 2018, con el fin de instalar allí la sede del instituto universitario. Sin embargo, en ese momento el inmueble ya estaba ocupado. El rector organizador del Instituto, Javier Alejandro Buján, intentó desalojar a las familias que lo habitaban, pero no logró expulsar a la familia Vázquez, que permaneció en el tercer piso. Según José Moisés Vázquez Burgueño, quien asegura vivir allí desde hace más de 20 años, tenía “un acuerdo de palabra” con funcionarios de la AABE para cuidar el edificio.
Documentos oficiales demuestran que Buján firmó en 2018 un acta con Vázquez Burgueño en la que le permitía utilizar solo un pequeño espacio como vivienda, pero el tercer piso entero terminó convertido en un salón de actos, escuela de danza y boliche clandestino.
Lo que encontró la justicia: de una bailanta a un gallinero
El allanamiento confirmó que el segundo piso del inmueble estaba siendo utilizado en parte por oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque sin vínculo formal con el Instituto Universitario. También funcionaban las sedes de la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA).
El tercer piso, en tanto, estaba completamente ocupado por la familia Vázquez, que había instalado un gallinero en el balcón, alquilaba el salón para eventos y utilizaba el espacio como academia de baile y boliche clandestino con barra de tragos y música. Durante la inspección, la Policía halló carteles con imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, Luis D’Elía y propaganda política del partido MILES.
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