Denuncia Falsa en Bariloche: Una Familia Sometida a un Proceso Judicial Arbitrario

Acusados sin pruebas y privados de su derecho a defenderse, han sido víctimas de una denuncia falsa, que carece de sustento probatorio y que, según el Código Penal argentino, constituye un delito grave.

Acusaciones Infundadas y un Sistema que No Protege a las Víctimas
En un escenario digno de una persecución inquisitorial, esta familia ha sido sometida a un proceso judicial sin fundamentos, donde medidas desproporcionadas han afectado su vida personal, familiar y patrimonial.

La denuncia tuvo como único propósito favorecer a un hostigador que buscaba apropiarse del hogar familiar y tomar el control de los bienes e ingresos de un adulto mayor en situación de vulnerabilidad.

Manipulación y Maltrato a un Adulto Mayor
El responsable de esta denuncia infundada aprovechó la delicada salud física y mental del anciano para ejercer:

• Manipulación psicológica.
• Aislamiento y maltrato emocional.
• Control abusivo sobre sus bienes y decisiones.
• Todo con el objetivo de quebrantar su voluntad y consolidar su poder sobre la propiedad familiar.

Complicidad de Funcionarios Estatales
Este caso ha tomado un giro aún más alarmante debido a la connivencia de funcionarios públicos que han respaldado la denuncia infundada. Entre ellos se encuentran:

Una funcionaria de género del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.
Una funcionaria de la Municipalidad de Bariloche.
Lejos de proteger a las verdaderas víctimas, estas personas han permitido la ejecución de acciones arbitrarias que perjudican a la familia, ignorando incluso los derechos del menor involucrado, en violación del principio del interés superior del niño reconocido en tratados internacionales.

Arbitrariedad del Juzgado de Familia N° 10
El Juzgado de Familia N° 10 de Bariloche, encabezado por la jueza interviniente, ha rechazado todas las pruebas presentadas por los afectados, incluyendo:

Registros audiovisuales y documentales que demuestran el hostigamiento.
Evidencia de la manipulación y maltrato psicológico al adulto mayor.
En cambio, las decisiones judiciales se han basado en un informe manipulado elaborado por una psicóloga del Sistema de Abordaje Territorial (SAT). Dicha profesional ha sido denunciada penalmente por falso testimonio y estafa procesal, ya que su informe sesgado ha servido como única base para renovar medidas cautelares desproporcionadas.

Consecuencias Devastadoras para la Familia
Como resultado de esta injusticia, la familia ha sido:

Despojada de su hogar y pertenencias.
Sometida a medidas restrictivas que la dejaron en extrema vulnerabilidad.
Afectada emocional y psicológicamente por la persecución judicial.
Este caso demuestra cómo una denuncia falsa puede destruir vidas, al tiempo que erosiona la confianza en el sistema judicial.

Grave Violación a los Derechos Humanos
La gravedad institucional de este caso radica en:

La violación del debido proceso.
El incumplimiento de principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
La falta de protección a los verdaderos vulnerables.
Las decisiones tomadas han priorizado el relato de los acusadores, dejando a las víctimas sin una instancia real de defensa.

Exigencia de Justicia: Denuncias Elevadas a Nivel Nacional
Ante esta injusticia, la familia ha llevado su reclamo a instancias provinciales y nacionales, exigiendo:

Una investigación profunda de las irregularidades del caso.
Sanción a los responsables de esta manipulación judicial.
Revisión de las actuaciones del Juzgado de Familia N° 10, las defensorías y la fiscalía.
Un Llamado de Atención al Sistema Judicial
Este caso debe ser una alerta urgente para las autoridades judiciales y gubernamentales. Es fundamental garantizar que los derechos de las familias y de los menores sean respetados, evitando que el sistema sea utilizado como herramienta de persecución y despojo.

La justicia debe actuar con imparcialidad, asegurando que ninguna familia vuelva a ser víctima de una denuncia infundada que la prive de su hogar y su dignidad.