El Gobierno presentó un protocolo para evitar cortes y habilitar multas "severas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó "un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", dentro de la consigna "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", y de cara a las protestas sociales ya anunciadas para la semana próxima.

Básicamente, se trata de nuevas medidas para evitar cortes que impidan al normal transitar de los ciudadanos, como así también para habilitar "severas" multas a aquellos que los generen. 

El protocolo incluye "sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia", tal como indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El anuncio se conocerá luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a "los anuncios" del ministro de Economía, Luis Caputo.

En este sentido, Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".