El Gobierno negocia cambios para destrabar la reforma electoral y apunta a aprobarla en agosto

El Gobierno busca acelerar la negociación por la reforma electoral con el objetivo de obtener media sanción en el Senado durante agosto. Tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada intensificó el diálogo con gobernadores y bloques aliados, aunque admite que todavía no logró cerrar todos los apoyos necesarios.

La iniciativa será uno de los ejes de la próxima reunión de la mesa política oficialista, que volverá a estar encabezada por Karina Milei y tendrá a Santilli como uno de los principales interlocutores con las provincias y el Congreso.

En Balcarce 50 aseguran que "el 70%" del proyecto ya está acordado, pero insisten en que la intención es que la reforma se vote como un paquete integral y no por capítulos. La principal razón es evitar que el Congreso apruebe únicamente los puntos de consenso y postergue la discusión sobre la eliminación de las PASO.

La situación de las primarias continúa siendo el mayor obstáculo para el oficialismo. Mientras el Gobierno mantiene como objetivo eliminar definitivamente las PASO, reconoce que la suspensión por un año aparece como la alternativa con mayores posibilidades de consenso entre gobernadores y bloques dialoguistas. Incluso, desde el Senado ya admitieron que hoy no existen los votos necesarios para una derogación total.

Las negociaciones también incluyen otros reclamos de las provincias, vinculados con fondos, obras públicas, coparticipación, transporte y las condiciones políticas para competir en cada distrito de cara a las elecciones de 2027.

Entre las alternativas que analiza la Casa Rosada aparece la posibilidad de habilitar listas compartidas en las elecciones generales, adaptadas al sistema de Boleta Única de Papel. La propuesta permitiría que distintas listas legislativas acompañen una misma candidatura presidencial, ofreciendo un esquema similar al de las colectoras, aunque el oficialismo evita utilizar esa definición.

La intención es que Javier Milei pueda encabezar la oferta nacional mientras que, en determinados distritos, aliados como sectores del PRO, la UCR o partidos provinciales presenten listas legislativas propias bajo el mismo candidato presidencial.

El Gobierno también está dispuesto a flexibilizar el capítulo sobre financiamiento público de las campañas electorales. Si bien el proyecto original contemplaba una fuerte reducción de esos aportes, ahora en la Casa Rosada admiten que podrían moderar esa baja para facilitar acuerdos con los espacios dialoguistas.

La reforma además propone endurecer los requisitos para crear partidos políticos nacionales, elevar las exigencias de afiliación, incorporar herramientas digitales y sistemas de autenticación biométrica, además de establecer nuevas causales de caducidad para las fuerzas políticas que no alcancen determinados mínimos electorales.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la incorporación de un casillero para votar lista completa dentro del sistema de Boleta Única de Papel. Según el oficialismo, la experiencia de la primera implementación mostró dificultades para algunos electores, aunque la modificación también genera reparos entre sectores de la oposición.

Pese a las concesiones que analiza, el Gobierno mantiene la decisión de no dividir la reforma en distintos proyectos y buscará sostener la negociación para que el paquete completo llegue al recinto.

Mientras tanto, la estrategia legislativa se concentrará en el Senado. La Casa Rosada no prevé impulsar sesiones en Diputados durante julio y apuesta a avanzar en la Cámara alta no sólo con la reforma electoral, sino también con otros proyectos pendientes, como la ley de propiedad privada, el régimen de Zonas Frías y distintas iniciativas que quedaron demoradas tras la crisis política que provocó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.