Esmeralda LopezLa decisión del Estado provincial neuquino de involucrarse directamente en la lucha contra el narcotráfico, puntualmente en el último eslabón de la cadena -la venta minorista de drogas-, muestra resultados concretos. Impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, la estrategia permitió que la provincia asuma un rol activo en un terreno que durante años estuvo bajo la órbita federal, pero que en la práctica no lograba dar respuesta suficiente frente a un problema que golpeaba con fuerza a los barrios (durante los años de Omar Gutiérrez).
El punto de partida fue la sanción de la ley que permitió a la provincia investigar el microtráfico de drogas, una iniciativa promovida por el propio mandatario neuquino. De esta manera, desde febrero de 2025 la provincia tomó en sus manos el combate a los vendedores minoristas, el último eslabón de la cadena del narcotráfico y, al mismo tiempo, el que tiene mayor impacto directo en la vida cotidiana de la población.
A un año de aquella decisión política, los números hablan por sí solos. El Ministerio Público Fiscal logró superar las 100 condenas por delitos vinculados al microtráfico de drogas en toda la provincia. Según detalló el fiscal general José Gerez, entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026 fueron condenadas 101 personas por este tipo de delitos, lo que marca un avance significativo en el combate contra el narcomenudeo.
La mayoría de las condenas se registraron en la primera circunscripción judicial, que incluye a ciudades como Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces. Del total de personas condenadas, 65 son varones y 36 mujeres, y en la gran mayoría de los casos aceptaron su responsabilidad mediante procedimientos abreviados, una señal de la contundencia de las pruebas reunidas por los investigadores.
Además de las penas de prisión -que en algunos casos alcanzan hasta seis años-, la ofensiva judicial también apunta a debilitar económicamente a las organizaciones vinculadas a la venta de drogas. Las multas impuestas a las personas condenadas suman en total 420 millones de pesos, fondos que se distribuyen entre programas de salud para la prevención y rehabilitación de consumos problemáticos, políticas de seguridad y tareas de persecución judicial.
El esquema de trabajo también incluyó herramientas innovadoras para la participación ciudadana. A través de un sistema de denuncias anónimas mediante código QR, los vecinos pudieron aportar información sobre puntos de venta en los barrios. En el primer año se recibieron cerca de 2.000 aportes, lo que permitió orientar investigaciones, clausurar bocas de expendio, demoler aguantaderos, secuestrar vehículos que eran propiedad de los narcos y reforzar la presencia del Estado en zonas donde el narcomenudeo generaba preocupación.
La experiencia neuquina demuestra que cuando existe decisión política y coordinación entre los poderes del Estado, es posible avanzar con eficacia contra un delito que deteriora la convivencia social. La decisión de enfrentar el último eslabón del narcotráfico no sólo permitió multiplicar condenas, sino también llevar mayor tranquilidad a la población y reforzar la seguridad en los barrios de toda la provincia.
