Los peritajes revelan posibles maniobras en las contrataciones durante la gestión de Spagnuolo. La Justicia busca pruebas en celulares y servidores para confirmar si hubo un esquema de retornos de dinero.
Pasó en Argentina18 de septiembre de 2025
Sofia Seirgalea
Con el fin del secreto de sumario, la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comienza a mostrar sus primeras definiciones. La Justicia apunta a posibles maniobras de direccionamiento en las contrataciones y a la existencia de sobreprecios en las compras realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Las pesquisas se concentran, en particular, en la relación comercial entre el organismo estatal y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Kovalivker. Fuentes judiciales señalaron que ya hay “indicios de contrataciones por encima del valor de mercado y de adjudicaciones direccionadas”, aunque aclararon que los avances son todavía preliminares y dependen del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en los operativos.
Uno de los principales desafíos para los investigadores es desbloquear los teléfonos de los dueños de Suizo Argentina, considerados piezas clave para determinar si existió un circuito de retornos de dinero a cambio de contratos. En contraste, el celular de Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS y encargado directo del vínculo con las droguerías, ya fue peritado, aunque sin hallazgos significativos. Paralelamente, se revisan los ingresos a los countries donde residían Garbellini y Spagnuolo para establecer si allí se reunían con empresarios farmacéuticos, dirigentes o funcionarios.
El trabajo pericial incluye además la revisión de documentación en papel, correos electrónicos, archivos digitales y el acceso —aún pendiente— al servidor central de la droguería, un procedimiento que podría extenderse varios días.
Mientras tanto, la situación personal de Spagnuolo genera incertidumbre: tras la renuncia de sus abogados, continúa sin defensa formal y no se descarta que busque convertirse en imputado colaborador. La hipótesis cobró fuerza luego de que se filtraran audios en los que el exfuncionario reconocía un esquema de coimas dentro del organismo, con eventuales vínculos en sectores cercanos al gobierno de Javier Milei.
Al inicio de la investigación, un allanamiento en su domicilio y en una caja de seguridad reveló 80 mil dólares y 2000 euros en efectivo, cifras que contrastan con los 25 mil dólares que había declarado como patrimonio al asumir el cargo.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisa los contratos firmados entre la ANDIS y Suizo Argentina, mientras que el interventor del organismo, Alejandro Vilches, impulsa una auditoría interna cuyo informe preliminar se conocerá el próximo mes. Los Kovalivker, en tanto, insisten en que sus convenios fueron legales y niegan haber ofrecido con sobreprecios.
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