Alberto Fernández pidió suspender su indagatoria en la causa de los seguros

Alberto Fernández pidió hoy suspender la indagatoria en la causa de los seguros que estaba prevista para este miércoles. El expresidente también reclamó la nulidad de la declaración a indagatoria.

La abogada del expresidente, Marian Barbitta, planteó que la acusación contra Fernández es “confusa y generalizada” y aseguró que la indagatoria debe suspenderse porque no se resolvió la recusación que hizo la defensa contra Ercolini.

Ocurre que Ercolini había sido recusado al comienzo del expediente y, según la defensa de Fernández, esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema de Justicia. “El llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”, dice en el documento presentado este lunes.

Otro de los motivos que planteó la abogada del exmandatario es “la falta de claridad y precisión” en la acusación contra Fernández en la causa de los seguros. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal, sino en la totalidad de la imputación”, señalaron en un escrito de 34 carillas.

Desde el entorno del expresidente aseguran que estuvo ajeno a la introducción de los intermediarios en los seguros que estaban obligados a contratar los organismos bajo sospecha como lo son el Ministerio de Seguridad o la ANSES.

“Mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte imputación”, planteó Barbitta en el escrito. La abogada de Fernández asegura que la medida ya estaba dispuesta antes de la firma de su decreto que obligaba a que los seguros se intermedien a través de brokers.

La declaración indagatoria de Fernández estaba prevista para el 20 de noviembre, pero luego se pasó al 27 por un pedido de la fiscalía. Este miércoles, el expresidente debía presentarse en Comodoro Py para ser indagado. Para este jueves están citados el broker Héctor Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, la histórica secretaria del exmandatario.

Otras 38 indagatorias continúan pendientes en la causa de los seguros. Entre ellas las del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros exfuncionarios del mismo organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. 

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “Nación Seguros S.A.””, según la resolución.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora “Nación Seguros S.A.””, detalla la imputación.

La pieza medular de la acusación contra el expresidente es el decreto 823/2021, que encierra las respuestas que buscan el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo ante la imputación por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

La normativa establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. Según consta en el expediente, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Hay 45 contratos investigados.

“Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”, dice, en su artículo 1°, el decreto que el expresidente firmó el 2 de diciembre de 2021. La normativa fue vetada por el actual mandatario Javier Milei, mediante el decreto 747/2024, emitido el 21 de agosto pasado.