Sofia SeirgaleaEl Gobierno de Neuquén presentó una denuncia penal contra una ex funcionaria del Ministerio de Salud luego de que una auditoría interna detectara presuntas irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos por más de 21 millones de pesos.
La presentación fue impulsada por la Fiscalía de Estado de Neuquén, que además solicitó constituirse como querellante en la causa para acompañar la investigación judicial.
La denuncia apunta a quien se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero, área que administró distintos anticipos de fondos destinados a gastos operativos del organismo.
La investigación se originó a partir de un relevamiento interno realizado por el Ministerio de Salud, que analizó tres expedientes administrativos vinculados a anticipos otorgados para gastos de funcionamiento.
Según el informe, las rendiciones presentadas no habrían permitido acreditar de manera suficiente el destino de los recursos públicos involucrados, que en conjunto suman 21.307.500 pesos.
Los auditores observaron distintas inconsistencias documentales y administrativas que llevaron a cuestionar la validez de las rendiciones efectuadas.
En uno de los expedientes, correspondiente a más de 7,8 millones de pesos, se detectaron presuntas irregularidades vinculadas a la falta de autorizaciones jerárquicas, insuficiente justificación para utilizar mecanismos excepcionales de financiamiento y ausencia de documentación bancaria que permitiera verificar determinados pagos.
También se señaló una concentración de funciones administrativas en una misma persona, situación que, según el informe, habría debilitado los controles internos previstos para este tipo de operaciones.
En un segundo expediente, por más de 5,6 millones de pesos, los auditores observaron nuevamente deficiencias en los procedimientos de autorización y control.
Además, se consignó la existencia de documentación considerada insuficiente para corroborar la efectiva prestación de servicios o la utilización concreta de los recursos desembolsados.
El tercer caso analizado involucró más de 7,8 millones de pesos y presentó observaciones relacionadas con la falta de documentación respaldatoria, inconsistencias en la justificación de gastos y ausencia de elementos que permitieran vincular los pagos realizados con necesidades específicas del área.
De acuerdo con la denuncia presentada, una de las hipótesis que se busca investigar es si los fondos observados permanecieron bajo disponibilidad de la funcionaria y posteriormente se intentó justificar su utilización mediante documentación cuya correspondencia con servicios efectivamente prestados no pudo ser verificada durante la auditoría.
A partir de las conclusiones del informe, las rendiciones fueron rechazadas por las áreas administrativas correspondientes y las actuaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas de Neuquén, además de derivarse a los organismos legales competentes.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si las irregularidades detectadas constituyen únicamente incumplimientos administrativos o si existieron conductas que puedan encuadrarse dentro de delitos vinculados al manejo de fondos públicos.
La causa buscará establecer el destino final de los recursos observados y la eventual responsabilidad de las personas involucradas en los expedientes cuestionados.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la denuncia forma parte de los mecanismos de control interno implementados para fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos sean utilizados conforme a los procedimientos establecidos.
