Fuego en el municipio y conexiones narco: el conflicto en Chos Malal

El conflicto municipal en Chos Malal ya no se explica sólo por una negociación salarial. La protesta del SOYEM, que comenzó luego de la firma de un acta paritaria, derivó en un bloqueo al municipio, denuncias por violencia, imputaciones judiciales y una trama política que involucra a dirigentes ligados a gestiones anteriores. El episodio del incendio frente a dependencias comunales terminó de exponer la gravedad del escenario.

Los imputados son Marcela Manríquez, María Ángeles Mabel Meriño y Jorge Alfredo Albarrán. El Ministerio Público Fiscal les atribuyó haber provocado daños en la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la comuna. La acusación sostiene que, durante la mañana del 15 de abril, los tres participaron de acciones que generaron fuego, humo negro y afectación directa sobre el edificio municipal.

La secuencia detallada por los fiscales indica que Manríquez colocó un neumático sobre un recipiente metálico junto con papeles y cartones. Luego, Meriño agregó otro neumático y Albarrán pateó el tambor hacia la puerta de ingreso del sector de Rentas. Para la Fiscalía, ese desplazamiento no fue casual: acercó las llamas al edificio y provocó daños sobre un bien de uso público.

Los daños incluyeron hollín en la fachada, afectación de cartelería institucional, deterioro de letras corpóreas y perjuicios en una ampliación en construcción del primer piso. El humo ingresó al municipio y llegó hasta la oficina de la jefa de Gabinete, Anabella Chiape, embarazada de 34 semanas. El riesgo para el personal fue uno de los elementos considerados por el MPF al sostener la acusación por daño agravado.

La jueza Bibiana Ojeda avaló los cargos y dictó una prohibición de acercamiento de 100 metros para los imputados. La medida regirá, en principio, hasta el 16 de mayo. Mientras tanto, el municipio inició descuentos a los agentes que no se presentaron a trabajar y analiza sumarios que podrían terminar en despidos. Incluso trascendió que un empleado con sueldo de 2,5 millones de pesos cobró apenas 300 mil por falta de contraprestación laboral.

El conflicto también tiene nombres políticos. Los sindicalistas Ernesto Pereyra y Juan Carlos Olave, conductores del gremio, fueron funcionarios del exintendente Hugo Gutiérrez. Además, se mencionó a la concejala Virginia Della Cha como instigadora de la protesta. El dato más explosivo lo aportó la situación de Manríquez, madre de dos hombres acusados por venta de drogas. Todo eso transformó un reclamo salarial en una crisis política, judicial y social que golpea de lleno al municipio.