Esmeralda LopezLa caída de Alfredo Andrés Cury no es solo la historia de un funcionario más alcanzado por la corrupción: es el retrato brutal de una época donde algunos confundieron el Estado con una caja propia. Quien supo construir su imagen como abogado mediático y defensor de causas ligadas al mundo narco, terminó exhibiendo su verdadera cara cuando la Justicia corrió el velo. Hoy, su nombre ya no remite a la exposición pública ni a los vínculos de poder, sino a una condena, a la cárcel y al descrédito absoluto.
Durante los años del gobierno de Omar Gutiérrez, Cury se movió con soltura en los pasillos del poder. No era un outsider ni un desconocido: formaba parte de una estructura que le permitía crecer, escalar posiciones y sostener una visibilidad que pocos tenían. Ese mismo entramado que lo cobijó es el que hoy queda bajo sospecha, porque resulta difícil creer que semejante maniobra pudiera desarrollarse sin complicidades, miradas hacia otro lado o una alarmante falta de controles.
El decreto de exoneración (expulsión de la administración pública) firmado este miércoles por el gobernador Rolando Figueroa no hace más que confirmar lo que la sociedad ya intuía: no se trata de un error administrativo ni de una falta menor, sino de un hecho imperdonable. Cury no solo traicionó la confianza del Estado que le pagaba el sueldo, sino que cruzó un límite moral inaceptable al apropiarse de recursos (planes sociales) destinados a los sectores más vulnerables. Robar es grave; robarle a los pobres es directamente indecente.
La causa dejó al descubierto una maniobra sostenida en el tiempo, entre 2020 y 2022, donde una banda integrada por funcionarios, agentes (del gobierno de Gutiérrez) y particulares desvió fondos de planes sociales que nunca llegaron a quienes más los necesitaban. No se trata de cifras abstractas: son más de 153 millones de pesos que debían aliviar situaciones de emergencia y que, en cambio, terminaron financiando un circuito de corrupción aceitado y deliberado.
En el caso puntual de Cury, la evidencia es contundente. Diez cheques, depósitos en su propia cuenta sueldo, beneficios personales obtenidos mientras ejercía funciones públicas. No hay margen para interpretaciones benévolas ni excusas técnicas. La Justicia fue clara al señalar que se benefició directamente de los subsidios bajo investigación, dejando en evidencia una conducta incompatible con cualquier estándar mínimo de ética pública.
Su condena a tres años y seis meses de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es apenas una parte del castigo. La otra, quizás más profunda, es la caída desde ese lugar de privilegio que supo ostentar. De abogado mediático a exonerado, de figura visible a símbolo de la corrupción: el recorrido de Cury es tan elocuente como aleccionador.
La decisión política de avanzar con exoneraciones y aplicar tolerancia cero marca un quiebre necesario respecto de prácticas del pasado. Pero también deja una enseñanza incómoda: durante demasiado tiempo, personajes como Cury pudieron actuar con una impunidad que hoy resulta escandalosa.
