Esmeralda Lopez
El Ejecutivo provincial oficializó la reglamentación de la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. La medida quedó habilitada mediante el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa se inscribe en una política de modernización orientada a fortalecer la transparencia, la ética pública y la idoneidad en la administración del Estado. La normativa garantiza que los responsables de áreas de gestión se desempeñen libres del consumo de sustancias prohibidas.
El decreto fija procedimientos claros ante detecciones positivas, resguardando el debido proceso y los principios de eficacia, eficiencia e imparcialidad incluidos en la Constitución provincial. Entre ellos, la posibilidad de realizar una contraprueba con intervención de un profesional externo.
Los controles se realizarán de forma sorpresiva, mediante sorteos trimestrales administrados por el IJAN, que incluirán un 12,5% del total de funcionarios. Los análisis detectarán sustancias como cocaína, cannabinoides, opioides y anfetaminas, entre otras.
La ejecución del sistema estará a cargo del Ministerio de Salud, que supervisará la trazabilidad, la confidencialidad y el cumplimiento de los protocolos establecidos. Todo el proceso respetará estándares de protección de datos personales.
La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno neuquino para consolidar instituciones eficientes, confiables y alineadas a los valores de integridad en la gestión pública.
