Esmeralda Lopez
El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que dispone la exoneración definitiva de tres exfuncionarios provinciales condenados por el delito de administración fraudulenta agravada, en el marco de la denominada Megacausa de los Planes Sociales.
La decisión se inscribe en la política de tolerancia cero frente a la corrupción que el Ejecutivo provincial impulsa desde el inicio de la gestión, y tiene como objetivo impedir la permanencia en la Administración Pública de agentes con condenas penales firmes.
Los exfuncionarios alcanzados por la medida son Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz, quienes se desempeñaban en áreas estratégicas de la Subsecretaría de Trabajo y de la Subsecretaría General. La Justicia los encontró responsables de haber integrado un esquema sistemático de desvío de fondos públicos destinados a planes sociales, ocurrido entre los años 2020 y 2022.
Si bien los exagentes se encontraban suspendidos y sin percibir haberes desde 2023, el decreto del Ejecutivo provincial formalizó su separación definitiva de la Administración Pública, aplicando la máxima sanción prevista por el régimen de empleo público de la provincia.
Luego de un sumario administrativo, se determinó que los exfuncionarios incurrieron en graves incumplimientos a las obligaciones establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo y en el Estatuto del Personal Civil, desarrollando conductas incompatibles con la función pública y vulnerando el principio de confianza que debe regir la administración estatal.
La Megacausa de los Planes Sociales concluyó en diciembre de 2025 con una sentencia del Tribunal Oral, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, que declaró penalmente responsables a 12 exfuncionarios por delitos cometidos en perjuicio de la administración pública.
Durante el proceso judicial se acreditó un perjuicio económico superior a los 153 millones de pesos, generado a través de maniobras que incluyeron el uso indebido de tarjetas de débito, la emisión irregular de cheques y la elaboración de listados paralelos de supuestos beneficiarios para simular legalidad en el otorgamiento de subsidios.
