Matías Ozorio, acusado de integrar la banda de “Pequeño J”, pidió al juez que le envíen libros para leer durante su estadía en la cárcel. Permanece bajo un estricto régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad.
Pasó en Argentina09 de octubre de 2025
Sofia Seirgalea
Matías Ozorio, uno de los principales imputados por el triple femicidio narco de Florencio Varela, presentó un pedido ante la Justicia para obtener libros y material de lectura durante su estadía en prisión. Según explicó su abogado defensor, el ex trader —acusado de integrar la banda liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J— se encuentra “aburrido” y quiere “aprovechar su tiempo en detención”.
La solicitud fue dirigida al juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, quien interviene en la causa. Ozorio cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 30 de General Alvear, un establecimiento de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde rige un estricto régimen de aislamiento debido a la gravedad de la investigación.
El defensor oficial Esteban Díaz, a cargo de la Unidad de Defensa Descentralizada N°13 Departamental, fue quien formalizó el pedido en nombre de su cliente. En el escrito, el abogado señaló que “la lectura resulta para Ozorio una actividad productiva mientras dure su encierro”, y destacó que el acusado no tiene acceso a talleres ni a otras actividades recreativas.
Ozorio, de nacionalidad argentina, fue capturado en Perú luego de fugarse del país tras la difusión del caso en los medios. Tras ser expulsado, fue trasladado a la Argentina y alojado en General Alvear. Desde su detención, se negó a declarar y mantiene silencio sobre lo ocurrido la noche del 19 de septiembre, cuando fueron secuestradas, torturadas y asesinadas tres jóvenes —Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo— en un hecho que conmocionó al país.
La causa, investigada por el fiscal Adrián Arribas, avanza con nuevas declaraciones y podría pasar al fuero federal, ante la sospecha de que el triple crimen fue ordenado por una organización narco de peso. En esa línea, Celeste Magalí González Guerrero, otra de las detenidas, brindó esta semana detalles inéditos de las operaciones de narcomenudeo en el barrio y de la estructura jerárquica del grupo criminal.
Su abogado, Daniel Giaquinta, pidió reforzar las medidas de seguridad en el penal de Sierra Chica, donde está alojada, para evitar represalias. “Se trata de una testigo clave, y los riesgos son reales”, aseguró el letrado.
Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Bonaerense evalúa los pedidos presentados por las defensas, aunque puertas adentro reconocen que los acusados —vinculados a un triple homicidio con posible trasfondo narco— representan un desafío extremo para el sistema penitenciario.
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