El Salar de Cauchari-Olaroz, epicentro del modelo extractivo de litio que enfrenta denuncias por uso intensivo de agua, afectación a comunidades indígenas y falta de protección ambiental en Jujuy.
23 de mayo de 2025
Sofia Seirgalea
El avance del llamado “oro blanco” ha colocado a Argentina en el centro de la escena geopolítica y energética mundial. Con el respaldo de empresas chinas, el país se posiciona como un proveedor clave en la cadena de suministro global de litio, el mineral estratégico que impulsa la transición hacia las energías renovables y la movilidad eléctrica. Sin embargo, el desarrollo del proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, expone las tensiones entre desarrollo económico, sostenibilidad y derechos humanos.
El proyecto, operado por EXAR, una firma integrada por capitales chinos, canadienses y del Estado argentino, ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La inversión inicial fue de más de 970 millones de dólares y su vida útil estimada es de 40 años. Aunque EXAR afirma aplicar prácticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el terreno las denuncias ambientales y sociales no paran de crecer.
El Triángulo del Litio : riqueza estratégica, impacto ambiental
Argentina, junto con Bolivia y Chile, integra el denominado Triángulo del Litio, que alberga más del 58% de las reservas mundiales de este mineral. En ese contexto, el Salar de Cauchari-Olaroz se destaca como uno de los yacimientos más prometedores.
Ubicado a más de 3.800 metros de altura, en la árida Puna jujeña, este ecosistema delicado alberga humedales altoandinos, especies protegidas y comunidades ancestrales que dependen del agua para subsistir. La extracción de salmuera —un proceso que implica evaporar millones de litros de agua para obtener litio— ha despertado serias preocupaciones sobre el impacto hídrico y la alteración del equilibrio ecológico en la región.
Litio y agua: una ecuación crítica
La técnica más común de extracción de litio en Argentina es la evaporación solar, que puede tomar entre 12 y 18 meses y requiere cantidades colosales de agua. Solo para producir una tonelada de litio, se utilizan en promedio 584.000 litros de agua.
En zonas donde las lluvias son escasas y los recursos hídricos limitados, esta práctica representa una amenaza directa a los humedales, la biodiversidad y el sustento de las comunidades indígenas. Aunque algunas empresas exploran tecnologías de extracción directa más rápidas y eficientes, el método evaporativo sigue siendo el más utilizado.
Comunidades originarias: el precio oculto del desarrollo
Las comunidades indígenas de la región —como las de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc— denuncian desde hace años que los proyectos de litio avanzan sin consulta previa, libre e informada, violando tratados internacionales y normas constitucionales. Denuncian consultas formales sin participación real, falta de información y decisiones tomadas “a espaldas del pueblo”.
“Nos dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos animales y menos vida”, afirman. El conflicto no es solo ambiental, sino también cultural y económico, ya que la minería amenaza con borrar modos de vida ancestrales basados en la agricultura, ganadería y recolección tradicional de sal.
El Estado: árbitro y socio de la explotación
El marco legal argentino para la minería de litio está basado en leyes de los años ’90 que priorizan la atracción de inversiones extranjeras. Las provincias son propietarias del recurso, pero tienen limitaciones para fijar regalías superiores al 3%. En Jujuy, el Estado participa a través de JEMSE, con un rol más simbólico que decisivo.
Esta figura de Estado socio-regulador genera conflictos de intereses: el gobierno provincial impulsa los proyectos, participa en ellos y también debe fiscalizarlos. Así, se diluye la responsabilidad y se debilita el control sobre una actividad que transforma territorios y vidas.
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