Obstrucción de vínculo: imputaron a una funcionaria neuquina

Cuestiones de familia que se resuelven en la esfera penal, se ha visto más de una vez. Suele ocurrir cuando hay denuncias falsas, como hubo en este caso, y cuando los impedimentos para que padre e hijo se revinculen se multiplican, muchas veces avalados incluso por la misma justicia.

Durante la jornada de hoy, la Fiscal Carolina Mauri imputó a la funcionaria responsable de la Oficina Judicial de Zapala, Gabriela Mattioni ,en la causa caratulada como "impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes", en base al artículo 1 de la ley 21270.

El caso comenzó hace 7 años, y en el trayecto el padre tuvo que sobrellevar un juicio por jurado por una denuncia de abuso sexual, que lo encontró inocente, por tratarse de una falsa acusación.Un caso similar fue noticia hace algunas semanas atrás en Neuquén, cuando se conoció que otro padre falsamente denunciado había sido declarado no culpable.

A lo largo de estos años, habrían sido múltiples las órdenes emanadas del poder judicial, incluso del TSJ, que la madre del menor incumplió, prolongando el impedimento del vínculo del pequeño con su padre, a quien apenas vio cinco veces , más allá de una corta convivencia de meses cuando era recién nacido. La última vez que pudo ver al niño fue en febrero del 2020, cuando contaba con dos años de edad. Hoy tiene siete.

Avalada por los conocimientos de abogada y sus relaciones laborales, la imputada habría usufructuado de esa situación para hacer uso de la defensoría pública, presentar escritos, llegar al TSJ o incluso a la Corte. Todas las instancias fueron resueltas en su contra, sin embargo no pudo restablecerse el vínculo.

Llegada a esta instancia donde se le formulan cargos penales, Mattioni insiste en que el padre viaje a Zapala para vincularse con su hijo, constituyéndose en un punto controversial.

La causa se instrumenta en Neuquén capital, lugar de residencia del progenitor, y donde goza de garantías y comodidades para atender a su hijo, bajo la vigilancia de profesionales que deberán ser asignados por la justicia, aunque la contraparte pretende imponer a sus observadores.

 
El proceso continuará ahora con la etapa de pruebas, y luego se decidirá si la funcionaria judicial es elevada a juicio oral.