Los jueces consideraron que no había razones para mantener la detención domiciliaria y advirtieron que aún no está probado el origen ni la autenticidad de los audios que dieron inicio a la investigación.
Pasó en Argentina09 de diciembre de 2025
Sofia Seirgalea
La Cámara Federal porteña ordenó la liberación de Pablo Atchabahian, el médico mendocino que estaba bajo arresto domiciliario en el marco de la causa que investiga maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que no existen motivos suficientes para mantenerlo detenido, y que pueden aplicarse medidas alternativas sin afectar el avance de la investigación.
El tribunal consideró que la medida había perdido proporción y recordó que los demás imputados continúan el proceso en libertad, por lo que no habría razones objetivas para sostener una excepción solo para Atchabahian. También remarcaron que las presuntas dificultades iniciales para localizarlo se dieron cuando aún no había citación formal y la causa estaba en su fase preliminar. Según los camaristas, ni siquiera la fiscalía logró justificar cómo el arresto domiciliario eliminaba riesgos procesales, especialmente en una etapa en la que ya no tendría capacidad para influir sobre terceros.
Atchabahian, quien había sido funcionario de la ANDIS en 2018, es señalado por la fiscalía como una figura clave en un esquema que habría manipulado resoluciones, contratos y pagos desde fuera del organismo. Al igual que otros imputados —entre ellos el exdirector Diego Spagnuolo y el presunto intermediario Miguel Ángel Calvete—, el médico optó por no declarar cuando fue citado el 14 de noviembre, día en que se le dictó la detención domiciliaria.
Mientras tanto, la Cámara Federal ordenó profundizar un punto central del expediente: el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo, que fueron los que dispararon la investigación. Los jueces advirtieron que la causa comenzó con la denuncia de un particular basada en trascendidos periodísticos y que aún no se ha determinado si esas grabaciones fueron manipuladas, editadas o incluso generadas con inteligencia artificial.
En su resolución, los magistrados marcaron que no existe respaldo técnico en el expediente que permita asegurar cómo fueron obtenidos los audios ni si constituyen prueba válida. Esa incertidumbre, señalaron, no solo impide rechazar los planteos de las defensas sino que también vuelve improcedente avalar las decisiones judiciales previas sin antes esclarecer su origen.
La causa ANDIS seguirá su curso mientras se analizan las pericias sobre los audios y se define qué grado de validez tendrán en uno de los expedientes más sensibles del año.
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Los jueces consideraron que no había razones para mantener la detención domiciliaria y advirtieron que aún no está probado el origen ni la autenticidad de los audios que dieron inicio a la investigación.
