Esmeralda LopezEl Gobierno de Neuquén concretó el desalojo de una empresa que ocupaba un terreno del Parque Industrial desde hacía más de dos décadas. La medida se produjo después de una serie de actuaciones administrativas y judiciales que permitieron recuperar un lote destinado originalmente al desarrollo de actividades productivas, pero que era utilizado bajo condiciones consideradas irregulares por las autoridades provinciales.
La parcela había sido solicitada en 2004 por Tornería Cerna S.R.L., en el marco de la Ley 378 de Promoción Industrial, que establece condiciones específicas para acceder a terrenos destinados a emprendimientos industriales. Entre los requisitos figuraban la presentación de un proyecto productivo, un calendario de inversiones y plazos de ejecución de las obras necesarias para desarrollar la actividad.
Según informó el Ejecutivo provincial, durante los años posteriores se detectaron reiterados incumplimientosrelacionados con la documentación exigida y el avance de las inversiones comprometidas. Las inspecciones realizadas en el predio permitieron constatar que las obras no registraban los progresos previstos, situación que derivó en distintas notificaciones y actuaciones administrativas.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue la detección de un subalquiler del terreno. De acuerdo con la información oficial, desde 2019 la empresa percibía ingresos por permitir que otra firma utilizara el espacio, pese a que existía un dictamen desfavorable del área de Asuntos Jurídicos respecto de la cesión de su explotación.
La situación avanzó hacia una resolución definitiva en 2024, cuando el Decreto 824 rechazó el reclamo presentado por la firma, declaró agotada la vía administrativa y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Estado. Posteriormente, la Justicia emitió el mandamiento de desahucio que permitió concretar el procedimiento de recuperación.
Con el desalojo del Parque Industrial, la Provincia recuperó la disponibilidad de un terreno que había sido destinado a promover inversiones y empleo. El Gobierno sostuvo que la ocupación irregular impedía utilizar ese espacio para otros proyectos productivos que pudieran contribuir al desarrollo económico de Neuquén.
