Esmeralda LopezLa implementación de narcotest obligatorios en los tres poderes del Estado avanza en Neuquén como parte de una serie de medidas impulsadas durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa para modificar criterios de funcionamiento de la administración pública. Los controles ya se realizan en el Poder Ejecutivo y ahora la Legislatura aprobó el protocolo que establece cómo deberán someterse a los exámenes los 35 diputados provinciales.
La iniciativa no aparece como un hecho aislado dentro de la política provincial. Desde el comienzo de su administración, Figueroa promovió distintas reformas orientadas a hacer más eficiente el Estado, revisar beneficios y reforzar las exigencias sobre funcionarios y empleados públicos. En esa línea se inscribieron las medidas de tolerancia cero frente al ausentismo injustificado y los denominados “ñoquis”, junto con mayores controles sobre el cumplimiento de las obligaciones dentro de la administración.
Otro de los cambios impulsados fue la eliminación de las jubilaciones de privilegio, una decisión presentada por el Ejecutivo como parte de un esquema destinado a reducir diferencias entre la dirigencia política y el resto de los trabajadores. Los narcotest incorporan ahora un nuevo requisito de permanencia en los cargos públicos y alcanzan a funcionarios y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la Legislatura, los 35 diputados deberán someterse cada dos meses a controles antidoping sorpresivos y aleatorios durante el período ordinario, tanto cuando estén en sesión como durante el trabajo en comisiones. El protocolo fue aprobado con 30 votos positivos y dos negativos, luego de meses de demora en la instrumentación. El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad rechazó la medida y cuestionó su utilidad para combatir el narcotráfico, mientras otros sectores plantearon la necesidad de unificar los criterios de aplicación entre los distintos poderes.
Los estudios buscarán detectar metabolitos de opioides, cannabinoides y cocaína, entre otras sustancias, y su costo será descontado de los haberes de quienes sean examinados. En caso de un resultado positivo existe la posibilidad de realizar una contraprueba y, si se confirma, se contemplan sanciones. Con su aplicación en la Legislatura, los narcotest se incorporan así a un conjunto más amplio de reformas y controles sobre el Estado neuquino que la administración de Figueroa viene desarrollando con el objetivo de establecer mayores exigencias para quienes ocupan cargos y funciones públicas.
