Extradición de Maduro: Argentina pide su traslado desde EE. UU.

La Justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro, con el objetivo de que el ex presidente de Venezuela sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria en una causa que lo investiga por presuntos delitos graves, entre ellos violaciones a los derechos humanos.

La medida fue ordenada este miércoles por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, que libró un exhorto internacional dirigido a las autoridades estadounidenses para activar el proceso de entrega de Maduro. El pedido se enmarca en un expediente abierto en la Argentina —identificado como CFP 2001/2023— donde se investigan hechos que podrían constituir delitos de lesa humanidad.

Los antecedentes de esta causa tienen varios hitos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña había ordenado la detención internacional y la declaración indagatoria de Maduro, mandatos que fueron ratificados recientemente en un incidente procesal. El juez Ramos ahora formalizó el pedido de extradición apoyándose en esa orden y en el hecho de que Maduro habría sido capturado en Venezuela y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia.

El trámite judicial argentino se basa en el Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos, firmado en 1997, que permite que una persona reclamada por la Justicia de un país pueda ser entregada por el otro para ser juzgada o indagada. La resolución instruye que el exhorto sea traducido con urgencia y enviado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.

Además, el tribunal ordenó que se notifique la solicitud al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa, para asegurar el seguimiento del trámite a nivel internacional.

El pedido de extradición argentina se presenta en un momento en que Maduro enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por otros cargos, lo que agrega complejidad jurídica y diplomática al reclamo argentino, que ahora dependerá de la evaluación de las autoridades norteamericanas.